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En Bolivia, los avances normativos recientes representan un paso decisivo hacia la construcción de respuestas más sólidas frente a la Violencia Basada en Género (VBG). Desde Save the Children, nuestro rol como actor técnico ha sido acompañar y fortalecer estos procesos, promoviendo marcos que no solo declaren derechos, sino que los hagan posibles en la práctica.

Uno de los hitos relevantes es la aprobación de la Ley Departamental en Santa Cruz que establece la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI). Este instrumento permite pasar del enfoque declarativo a una articulación efectiva entre salud, educación y protección, definiendo responsabilidades claras y reduciendo la revictimización. Su valor radica en que convierte la coordinación en una obligación y no en una opción.

A nivel municipal, el caso de Montero marca un avance igual de significativo. La actualización y reglamentación de su Ley Municipal, impulsada mediante espacios participativos con organizaciones juveniles y de base, permite adaptar la respuesta a dinámicas locales de violencia. Además, la primera Rendición Pública de Cuentas sobre VBG en el municipio visibilizó tanto avances como desafíos, abriendo la puerta a una cultura de transparencia y corresponsabilidad que fortalece los sistemas de protección.

Estos procesos se alinean con estándares globales y con el marco regional de América Latina y el Caribe de Save the Children, que destaca la necesidad de sistemas integrales, enfoque de derechos e interseccionalidad, y respuestas centradas en las víctimas. Nuestro aporte técnico ha sido clave en la formulación normativa, la generación de evidencia, la articulación entre niveles de gobierno y el fortalecimiento de capacidades institucionales, siempre con un enfoque de niñez y adolescencia.

Los avances normativos son una base sólida, incrementado su impacto con la voluntad política, el presupuesto, la capacidad institucional y la rendición de cuentas. Desde Save the Children seguiremos acompañando este camino para garantizar que estas normas se traduzcan en vidas más protegidas. Porque lo importante no es cuántas leyes se aprueban, sino cuántas oportunidades de protección se abren para niñas, niños y adolescentes.