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Autoría en coordinación con CEMSE. 

Ser joven en Bolivia implica desafíos laborales: desempleo, informalidad y falta de oportunidades. Pero cuando a la juventud se suma una condición de discapacidad, el escenario se vuelve aún más complejo. En zonas rurales o periurbanas la exclusión se intensifica. Además, muchos jóvenes con discapacidad pertenecen a poblaciones indígenas o familias de bajos ingresos, lo que agrava la discriminación interseccional.

Ante esta realidad, el año 2017 Bolivia promulga la Ley N° 977 “Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad”, fijando cuotas de contratación: 4% en el sector público y 2% en el privado (para empresas con 50 o más trabajadores). Pero estos márgenes de inserción no son aplicados en la práctica, veamos por qué:

1. Bolivia, es a menudo descrita, como campeona en informalidad laboral en Sudamérica, con tasas que superan el 80% de la fuerza laboral. Esta alta cifra significa que la gran mayoría de los trabajadores bolivianos operan sin los beneficios y la protección de la ley laboral formal.
2. Existen muchas barreras, que enfrentan los jóvenes con discapacidad, para acceder al empleo, destacando: barreras físicas (falta de accesibilidad en edificios y transporte), barreras actitudinales (prejuicios, estigmas y discriminación por parte de empleadores y sociedad), barreras de información (desconocimiento sobre cómo adaptar el trabajo a las capacidades de los candidatos) y barreras comunicacionales.
3. Otro factor que limita la inserción laboral de jóvenes con discapacidad es que gozan de inamovilidad laboral, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen legalmente su despido. Esta protección también se extiende a los cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, bajo ciertas condiciones.

Avanzar hacia una verdadera inclusión requiere no solo cumplir con las cuotas establecidas por ley, sino también generar entornos laborales accesibles, políticas de intermediación inclusivas y mecanismos de fiscalización efectivas. Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer la educación inclusiva y la formación técnica como puerta de entrada al empleo, así como reconocer la intersección de factores que afectan a las y los jóvenes con discapacidad (género, etnicidad, origen rural o bajos ingresos).

La estrategia de Save the Children para transformar este panorama.

En las gestiones 2024 y 2025, con el apoyo de Save the Children Italia, hemos implementado un proyecto que fortalece 4 ecosistemas emprendedores con capacidad inclusiva en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre y La Paz. Los jóvenes con discapacidad ahora tienen una vía concreta para ejercer su derecho al trabajo mediante el autoempleo, superando las barreras estructurales del mercado laboral tradicional, logrando construir redes de apoyo, nuevas opciones de financiamiento flexible y recibiendo mentoría especializada.

Este entorno permite que los jóvenes desarrollen iniciativas productivas alineadas con sus talentos, intereses y condiciones particulares. Hasta el momento se ha logrado que 13 jóvenes con discapacidad accedan a fondos no rembolsables para implementar sus emprendimientos y 6 fueron tecnificados e insertos en empleos decentes.

Apostar por la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo: significa aprovechar talentos, enriquecer los espacios de trabajo y construir un país más equitativo y humano.