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En Bolivia, la violencia basada en género continúa siendo una de las principales vulneraciones a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, evidenciando que los avances normativos, aunque fundamentales, no son suficientes sin una implementación efectiva y sostenida. Frente a este desafío, Save the Children Bolivia ha consolidado un rol técnico y estratégico, aportando no solo desde la acción programática, sino también desde la incidencia en políticas públicas orientadas a transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia.

En los últimos años, este compromiso se ha traducido en avances concretos como el fortalecimiento de rutas de atención, la contribución a marcos normativos clave, como la prohibición del matrimonio infantil y la regulación de la violencia en entornos digitales, además de la generación de evidencia para la toma de decisiones. Estos logros han sido posibles gracias al trabajo articulado con instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y aliados estratégicos, reafirmando que la transformación solo es posible desde la corresponsabilidad.

Erradicar la violencia basada en género no es solo un desafío sectorial, es una condición indispensable para garantizar el presente y el futuro de la niñez. El presente boletín contiene información que reafirma nuestro compromiso de seguir incidiendo, articulando y actuando para que ninguna niña o adolescente vea limitado su derecho a vivir una vida libre de violencia, porque no hay desarrollo posible en un país donde las niñas crecen con miedo, y no hay política pública efectiva si la protección de la niñez no se convierte en una prioridad de todos y todas.

La violencia basada en género (VBG) en Bolivia continúa siendo un problema estructural que afecta a niñas, adolescentes y mujeres, reflejando profundas desigualdades. Aún persisten normas sociales y de género que naturalizan la violencia en ámbitos familiares y comunitarios, junto a desafíos en la respuesta institucional, como limitaciones en la articulación intersectorial, debilidades en la implementación de la normativa y restricciones en la asignación de recursos en la gestión pública[1].

Datos recientes del Ministerio Público reportan más de 46.000 casos de violencia en 2025, principalmente vinculados a violencia familiar o doméstica[2], y un promedio superior a 120 denuncias diarias en el marco de la Ley N.º 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia[3].

Sin embargo, estas cifras no reflejan la totalidad del problema. Existe un alto subregistro asociado a barreras en el acceso a la justicia, la normalización de la violencia y su persistencia en el ámbito privado, especialmente en el entorno familiar. En este contexto, se estima que alrededor de 900.000 mujeres en Bolivia han sido sobrevivientes de violencia basada en género[4].

Así mismo, la VBG afecta de manera diferenciada a determinados grupos. Las niñas y adolescentes enfrentan altos niveles de violencia sexual, muchas veces en espacios cercanos, lo que dificulta su denuncia. Las niñas de poblaciones indígenas y aquellas que viven en contextos rurales, enfrentan mayores riesgos por la intersección de desigualdades territoriales, económicas y culturales. Asimismo, niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad enfrentan barreras adicionales en el acceso a servicios de protección, tal como advierten organismos internacionales[5].

En los últimos años, la violencia ha adoptado nuevas formas. El entorno digital se ha consolidado como un espacio donde se reproducen dinámicas de acoso, explotación y violencia sexual, particularmente entre adolescentes, evidenciando nuevos riesgos para la protección de la niñez[6].

Frente a este escenario, avanzar hacia una respuesta integral requiere fortalecer la prevención, la respuesta institucional y la transformación de normas sociales. Esto implica consolidar sistemas de protección, garantizar la implementación efectiva de políticas públicas, invertir en servicios de prevención y promover relaciones igualitarias desde el ámbito educativo y comunitario. Solo así será posible avanzar hacia entornos seguros y libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

[1] Coordinadora de la Mujer (Observatorio de Género). Análisis sobre implementación y brechas estructurales.

https://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/

[2] https://www.fiscalia.gob.bo/estadisticas/delitos-de-la-ley-348/delitos-de-la-ley-348-datos-anuales-2025-31-12-2025

[3] https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/bolivia-registra-promedio-127-denuncias-diarias-violencia-marco-ley-348/20251219000043985659

[4] https://bolivia.unfpa.org/es/news/aproximadamente-900-mil-mujeres-entre-15-y-49-a%C3%B1os-en-bolivia-son-sobrevivientes-de-violencia

[5] https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/cedawcbolco7-concluding-observations-seventh-periodic-report

[6] Save the Children (2024). Navegando entre riesgos invisibles y oportunidades reales. https://resourcecentre.savethechildren.net/es/document/navegando-entre-riesgos-invisibles-y-oportunidades-reales-ninas-ninos-y-adolescentes-en-el-entorno-digital