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En América Latina y el Caribe, la niñez migrante enfrenta desafíos significativos, con cifras récord de niños, niñas y adolescentes movilizándose por diversas razones, incluyendo reunificación familiar, búsqueda de mejores condiciones económicas y la huida de la violencia. De acuerdo con proyecciones de la plataforma R4V (Cono Sur) para el 2025 habrá más de 48.000 personas migrantes, entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos.

En el caso de Bolivia, hasta fines de 2024, más de 82.983 personas se encontraban en tránsito por el país pasando situaciones complejas, en particular para quienes ingresan por rutas irregulares. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que más del 50% de los venezolanos en Bolivia se encuentran en situación irregular, lo que les dificulta el acceso a servicios públicos esenciales, como la educación, salud y protección. De acuerdo a los datos de la R4V, al menos un 25% de los niños y niñas refugiadas y migrantes no están inscritos en el sistema educativo.

Ante esta vulneración del derecho a la educación de niños y niñas migrantes, Save the Children inició un proceso de coordinación con el Ministerio de Educación, a través de la Mesa de Educación en Emergencias, logrando emitir la Resolución Ministerial 001/2024 que prevé la matrícula de niños y niñas refugiadas y migrantes en el sistema educativo formal boliviano, sin restricciones e independientemente de su condición o documentación del país de origen.

En el presente año este proceso fue complementado con la socialización de la mencionada Resolución Ministerial en distintos departamentos del país y en coordinación con el Ministerio de Educación, logrando así su amplia difusión e implementación por las escuelas del país.

Este tipo de acciones en favor de la población migrante está haciendo que nuestro país, considerado solo un país de tránsito, hoy se haya convertido en un país de destino porque ofrece esperanza a las familias y garantiza los derechos de los niños y niñas.